Polémica judicial por la primera boda de una pareja gay en Buenos Aires

Reacción. A seis días del primer casamiento gay en la Ciudad de Buenos Aires -el segundo del país- volvió la polémica en torno a si tienen derecho dos personas del mismo sexo a unirse en matrimonio. Esta vez, otra vez, un juez nacional en lo civil ordenó anular el matrimonio entre Damián Bernath (39) y Jorge Salazar Capón (43), que se habían unido formalmente el miércoles pasado. Tanto la pareja, como la Federación de Lesbianas, Gays y Trans (FLGT) anticiparon que apelarán la medida. La FLGT además anunció que pedirá el juicio político del juez y lo acusará penalmente por el delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley).

El magistrado Félix Igarzábal aceptó la presentación particular de Ernesto Lamuedra, quien pidió la nulidad de la boda por considerar que violó el Código Civil. Como parte de la medida, el juez ordenó la devolución de la libreta de casamiento, algo que -explicó a Clarín el titular del Registro Civil porteño, Alejandro Lanús- sólo puede hacerse “si el fallo está firme”.

La reacción no para allí: además de la de Lamuedra hay otra demanda de la asociación Profamilia, radicada en el Juzgado Civil N° 8, a cargo de Julia Servetti de Mejías, aunque en este caso aún no ha habido sentencia.

“Técnica y jurídicamente es una barbaridad. (El juez) no tiene legitimidad ni relación con las partes como para meterse en una causa así”, condenó María Rachid, titular de la FLGT. Ni a ella, ni a Florencia Kravetz, abogada de la pareja, les había llegado la notificación del Juzgado al cierre de esta edición. “Los chicos saben que tienen un derecho”, comentó. Tanto ella como Rachid insisten en que “los chicos siguen casados, y así será hasta que el fallo quede firme”. Desde la Procuración General de la Ciudad, su titular, Ramiro Monner Sans, opinó: “Creemos que el acto del casamiento es totalmente válido y la actuación del juez, incompetente”.

La jueza porteña Elena Liberatori, que había dado lugar a la boda, criticó no sin ironía la resolución de Igarzábal al considerar ante Clarín que se trata de “un precedente increíble, porque a partir de ahora todos los ciudadanos en base a un mero interés tienen las puertas abiertas de los tribunales”. Y contribuyó a la polémica: “Hay magistrados que no están cumpliendo con la regla inexorable de imparcialidad. Ponen sus propias convicciones en juego y acceden a la presión de la Iglesia Católica”.

Rachid y Kravetz temen a una movida extraña, ya que este es el mismo juzgado que, tras una presentación de Profamilia, impidió la boda de Freyre y Di Bello, la pareja que terminó casándose en Tierra del Fuego: “Es muy sospechoso, a la Corporación de Abogados Católicos siempre les toca ahí”. Liberatori también opinó con dureza al respecto: “O muchos no son imparciales o da la casualidad de que siempre caen en el mismo juzgado. Cuando son muchas casualidades, se llama maniobra”.

Fuente: Clarin

Periodista: Fernando Soriano